(Reuters) – La Corte Suprema de Estados Unidos facilitó el jueves a las autoridades federales deportar a ciertos inmigrantes que han cometido crímenes en una victoria para la administración del presidente Donald Trump.
El tribunal dictaminó 5-4 para confirmar una decisión de un tribunal inferior que determinó que un residente legal permanente de Jamaica llamado Andre Martello Barton no era elegible para que su deportación fuera cancelada bajo una ley de Estados Unidos que permite a algunos residentes legales de larga data evitar la expulsión. Los jueces conservadores eran mayoría, y los jueces liberales estaban en desacuerdo.
Barton, gerente de un taller de reparación de automóviles de 42 años y padre de cuatro hijos, fue blanco de deportación después de condenas penales en Georgia por delitos de drogas y armas.
La decisión podría afectar a miles de inmigrantes con condenas penales, muchos por delitos menores, que residen legalmente en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, hay más de 13 millones de residentes permanentes legales en EE. UU., también conocidos como titulares de «tarjeta verde».
Glenn Fogle, abogado de Barton, calificó el fallo de «extremadamente decepcionante» y expresó preocupación por su cliente, que ya ha sido enviado de regreso a Jamaica.
«Mi corazón está con el Sr. Barton y su familia, ya que ahora está efectivamente prohibido para volver a unirse a ellos en Estados Unidos», dijo Fogle.
La administración Trump argumentó en contra del intento de Barton de evitar la deportación.
La postura de línea dura de Trump sobre la inmigración legal e ilegal ha sido una característica clave de su presidencia y su campaña de reelección de 2020. Ha justificado su represión de inmigración en parte citando crímenes cometidos por inmigrantes.
Los residentes permanentes seleccionados para la deportación pueden solicitar la cancelación de su expulsión si han estado viviendo continuamente en Estados Unidos durante al menos siete años, excepto si han cometido ciertos delitos graves.
El asunto en cuestión en este caso era el significado de un cambio de ley en 1996, conocido como la «regla del tiempo de detención», en la ley de inmigración de Estados Unidos. Esta disposición descalifica a los inmigrantes, que cometen ciertos delitos, de este beneficio discrecional al detener el reloj en su período de residencia continua.
El gobierno federal había dicho que la regla se activó en el caso de Barton porque su delito de asalto prohibiría su admisión en el país, a pesar de que desde 1996 había residido en Estados Unidos, demasiado tiempo para ser declarado deportable por ese delito.
Barton argumentó que no podía ser encontrado inadmisible porque ya había sido admitido legalmente.
Si bien el juez conservador Brett Kavanaugh quien escribió la decisión de la mayoría, señaló que deportar a un residente permanente es un «proceso desgarrador», no estuvo de acuerdo.
«La remoción es particularmente difícil cuando involucra a alguien como Barton que ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos», escribió Kavanaugh, designado
por Trump en la corte en 2018. «Sin embargo, el Congreso tomó la decisión de autorizar la remoción de no ciudadanos – incluso residentes permanentes legales – que han cometido ciertos delitos graves».
En contraposición, la jueza liberal Sonia Sotomayor calificó el fallo «en desacuerdo con el sentido común». Sotomayor señaló que el juez de inmigración que escuchó el caso de Barton dijo que hubiera preferido conceder la petición de Barton para evitar la deportación, y señaló que se había rehabilitado y que sus cuatro hijos eran todos ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Justicia no respondió a las solicitudes para comentar sobre este caso.
Barton llegó a Estados Unidos cuando era adolescente con su madre en 1989. Fue condenado en Georgia en 1996 por asalto y posesión de un arma de fuego en un incidente en el que su amigo disparó a una casa desde un automóvil que conducía. Barton también fue condenado por posesión de drogas en 2007 y 2008.
En 2017, las autoridades de inmigración decidieron que la deportación de Barton no podía cancelarse porque los cargos de asalto de 1996 activaron la “regla del tiempo de detención”, solo unos meses antes de que alcanzara el requisito de los siete años. El 11° Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos con sede en Atlanta confirmó la decisión en 2018.
Según el Instituto de Política de Migración, una organización de investigación, de los 1.9 millones de no-ciudadanos que el gobierno ha considerado deportables con base en condenas penales, la mayoría son residentes legales o son aquellos que se encuentran en el país con visas temporales.
El fallo se produjo un día después de otro golpe represivo de inmigración por parte de Trump que ordenó un bloqueo temporal a algunos extranjeros para obtener su residencia permanente en Estados Unidos, argumentando que quería proteger a los trabajadores y empleos americanos durante la pandemia de coronavirus.